El pasado 30 de agosto entró en vigor la "Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas" en España. La nueva normativa conserva todos los derechos que ya están reconocidos en el actual marco de protección de los usuarios en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y en el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. Además, añade otros veinte nuevos derechos que vienen a reforzar el ya de por sí alto nivel de protección de que gozan los usuarios de telecomunicaciones en España y situarlo como uno de los más elevados de Europa.
La nueva normativa sin embargo, ha olvidado uno de los puntos más demandados por los usuarios de Internet, asegurar las velocidades mínimas que se ofertan en las conexiones ADSL. Por lo general los operadores ofertan la velocidad máxima teórica que se puede alcanzar mediante la tecnología ADSL2+ (Asyncronous Digital Subscriber Line 2+), superiores a 20 Mbps downstream, sin embargo en la mayoría de las ocasiones los usuarios no pueden alcanzar esta velocidad, debido a: distancia entre la central y el usuario, calidad del par de cobre, interferencias con pares de cobre vecinos, etc. La velocidad real de tu línea la puedes consultar a través de diversos servicios online, como el de ADSL Zone.
La diferencia entre velocidad publicitada por el operador y la velocidad real, da lugar a que aunque todos los usuarios contraten el mismo servicio y paguen exactamente lo mismo por él, no todos reciban la misma velocidad. Esto evidentemente no es justo para los usuarios, pues no consumen la misma cantidad de ancho de banda en la red del operador. Por lo tanto, el precio final debería ajustarse dependiendo de la velocidad real que recibe el usuario respecto a la máxima contratada. Esto no sólo ayudaría a reducir el precio de la banda ancha en España, criticado por todos los organismos internacionales, también a apresurar a los operadores a desplegar fibra hasta el hogar. Mediante tecnologías como GPON (Gigabit Passive Optical Network), los operadores pueden ofrecer velocidades garantizadas sin ningún tipo de penalización por la distancia al abonado e incluso proporcionarles una velocidad adicional cuando otros usuarios no estén utilizando su velocidad contratada, no se produce ningún tipo de degración de la velocidad debido a interferencias por fibras o pares de cobre adyacentes, la atenuación no degrada la velocidad contratada (siempre y cuando no sea tan alta como para dejar de recibir la señal óptica), etc. No obstante, ¿están todos los sistemas GPON preparados para soportar los anchos de banda del acceso?... ¿está la red de agregación y troncal del operador preparado para soportar esos anchos de banda?... Sin embargo, estas otras cuestiones, no son debidas a limitaciones tecnológicas, sino a la adecuada selección del suministrador de equipos y a la inversión realizada en la red.
La nueva normativa sin embargo, ha olvidado uno de los puntos más demandados por los usuarios de Internet, asegurar las velocidades mínimas que se ofertan en las conexiones ADSL. Por lo general los operadores ofertan la velocidad máxima teórica que se puede alcanzar mediante la tecnología ADSL2+ (Asyncronous Digital Subscriber Line 2+), superiores a 20 Mbps downstream, sin embargo en la mayoría de las ocasiones los usuarios no pueden alcanzar esta velocidad, debido a: distancia entre la central y el usuario, calidad del par de cobre, interferencias con pares de cobre vecinos, etc. La velocidad real de tu línea la puedes consultar a través de diversos servicios online, como el de ADSL Zone.
La diferencia entre velocidad publicitada por el operador y la velocidad real, da lugar a que aunque todos los usuarios contraten el mismo servicio y paguen exactamente lo mismo por él, no todos reciban la misma velocidad. Esto evidentemente no es justo para los usuarios, pues no consumen la misma cantidad de ancho de banda en la red del operador. Por lo tanto, el precio final debería ajustarse dependiendo de la velocidad real que recibe el usuario respecto a la máxima contratada. Esto no sólo ayudaría a reducir el precio de la banda ancha en España, criticado por todos los organismos internacionales, también a apresurar a los operadores a desplegar fibra hasta el hogar. Mediante tecnologías como GPON (Gigabit Passive Optical Network), los operadores pueden ofrecer velocidades garantizadas sin ningún tipo de penalización por la distancia al abonado e incluso proporcionarles una velocidad adicional cuando otros usuarios no estén utilizando su velocidad contratada, no se produce ningún tipo de degración de la velocidad debido a interferencias por fibras o pares de cobre adyacentes, la atenuación no degrada la velocidad contratada (siempre y cuando no sea tan alta como para dejar de recibir la señal óptica), etc. No obstante, ¿están todos los sistemas GPON preparados para soportar los anchos de banda del acceso?... ¿está la red de agregación y troncal del operador preparado para soportar esos anchos de banda?... Sin embargo, estas otras cuestiones, no son debidas a limitaciones tecnológicas, sino a la adecuada selección del suministrador de equipos y a la inversión realizada en la red.
